Por: Francisco Javier Hernández Salcedo, vicepresidente de SOCIOCRACIA A.C.

Estimados lectores, esta columna desde que la inicié hace ya algún tiempo, la he dedicado a escribir sobre las violaciones a los derechos humanos a las víctimas de delito o a los afectados por la incompetencia e insensibilidad de algunas autoridades encargadas de la administración de justicia.

En esta ocasión conozco muy de cerca el como han sido afectados cerca de tres mil personas, la mayoría de ellas de la tercera edad que invirtieron sus recursos en las empresas de ALTA Grupo.

Dentro de ALTA GRUPO, se encuentran dos de sus empresas Automatización de Servicios Productivos, S.A. de C.V. y Genera Destino, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, que tenían un modelo de inversión que ofrecía grandes intereses, pero como todo, una vez que el número de inversionistas se incrementó, la falta de una administración adecuada propició el desorden y los socios con una ambición desmedida, crearon otras empresas y desviaron capitales a otros fines ajenos a los negocios y resultó que ya no hubo la posibilidad, ni de pagar los intereses contratados, ni regresar el capital invertido; con tal de seguir obteniendo recursos para solventar compromisos, revendieron los teléfonos en varias ocasiones, no pagaron sus créditos a los bancos y al final se declararon insolventes.

Estas empresas manejaron durante varios años, la telefonía pública con teléfonos de monedas y terminales inteligentes marca FONTASTIKO, las cuales ofrecían la venta de recargas de tiempo aíre electrónico desde sus terminales, llamadas telefónicas, pagos y envío de SMS, así como la cadena de tiendas de conveniencia MAMBO.

Su operación la realizaban a través de otras dos empresas, Alta Telecom y Alta Modelos Productivos en Movimiento.

Ahora está en proceso un concurso mercantil, viciado a todas luces por la actuación totalmente irregular del conciliador y ahora síndico Gerardo Badín Cherít, (por cierto el mismo conciliador que fue cesado en el concurso mercantil de Mexicana de aviación) ya que su actuación siempre ha sido a favor de las comerciantes, mintiendo en todo momento.

¿A qué me refiero?, el ahora síndico en sus informes rendidos a la autoridad jurisdiccional se ha conducido con falsedad, ya que afirmó que la contabilidad de las concursadas se localizaba en un lugar, “el cual se encontraba vacío”, de acuerdo al informe rendido por un juez civil a la juez concursal.

Por otra parte, no ha cumplido con su obligación legal de buscar la conciliación, no ha tenido en su poder en ningún momento, la contabilidad y el control de las empresas y no ha realizado la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el estado de quiebra; por lo tanto se evidencia la falsedad en que ha incurrido el especialista del IFECOM (síndico).

Los socios principales, Salvador Abascal Álvarez y Luís López Panadero, derivado de una denuncia penal, fueron presos en el reclusorio Norte y posteriormente liberados bajo fianza, el primero se encuentra sujeto a ese proceso y el segundo, López Panadero al perder el amparo, le fue ordenada la re-aprensión y se encuentra “prófugo de la justicia”.

Con fecha 28 de diciembre de 2018, el Juzgado del concurso mercantil emitió la sentencia de quiebra, por haberse vencido los plazos establecidos en la Ley de Concursos Mercantiles a efectos de llegar a un Convenio Concursal.

Este es un caso muy similar al de FICREA ya que la SOFOM Genera Destino, por el hecho de serlo, es una empresa vigilada por la CNBV y ¿que pasó?, ¿Porque no actuó en defensa de los inversionistas?, ¿porque la CONDUSEF tampoco hizo nada?.

Estas son solo algunas de las interrogantes que me permiten enfatizar el titulo de esta columna, “¿Que pasa con los derechos humanos de los defraudados de ALTA GRUPO?”.

¿Habrá alguna autoridad que intervenga en defensa de esas personas?.

Las anteriores no lo hicieron; algunos acreedores ya han perdido la vida y otros por su avanzada edad no han podido seguir luchando; muchos invirtieron todos sus recursos (ahorros, jubilaciones, etc.) buscando un beneficio legítimo, dados los raquíticos intereses que ofrecen las instituciones financieras y ahora lo perdieron todo; si es cierto, el riesgo es alto y debieron haberlo sabido, pero ¿quién informa y asesora a la gente cuando se crean este tipo de empresas que ofrecen altos intereses, que esto es un riesgo?.

¿Acaso la autoridad no está para salvaguardar los intereses de las personas?

Los representantes de un grupo importante de acreedores se han acercado a los medios para solicitar apoyo y poco han logrado, por eso es que este es solo un grano de arena que hago de su conocimiento, esperando que la mucha o poca audiencia que me lee, sepa que los derechos humanos deben de ser preservados en cualquier ámbito y para eso siempre estaré presente.