VÍCTIMAS EN MÉXICO, ENTRE LA DESESPERANZA Y FRUSTRACIÓN

Dicen que la justicia cojea pero siempre llega, es como para consolarnos por tanta impunidad que ronda a los mexicanos; esto es gran parte responsabilidad de funcionarios de la justicia que aducen una serie de circunstancias del mismo sistema o que por estar ocupados en otras tareas, esta se demora más de la cuenta o simplemente nunca llega.

Conforme los artículos 127 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público conduce las investigaciones, coordina a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resuelve sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y ordena las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.

Aunado a lo anterior dos instituciones son esenciales en la defensa de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); la CNDH tiene diversas atribuciones, entre ellas están el recibir quejas, conocer e investigar presuntas violaciones a derechos humanos, formular recomendaciones públicas, procurar la conciliación entre quejosos y autoridades e impulsar la observancia de los derechos humanos.

La CEAV tiene por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, pareciera que todo esta bien al menos en teoría.

¿Pero esto es real?

Por supuesto que NO, al menos no en todos los casos, la situación actual obliga a las víctimas a contratar servicios jurídicos para representarlos ante el ministerio público, la CNDH y la CEAV y esto solo, para incrementar sus posibilidades de tener acceso a la justicia y a una reparación integral del daño (ni así se garantiza); los ministerios públicos culpan a servicios periciales de la lentitud o nulo avance de las investigaciones, aún cuando hay perdida de la vida de la víctima.

Hemos sido testigos de la demora en solicitar peritajes y cuando por fin se solicitan, les piden a las víctimas que vuelvan en 6 meses “a ver si ya hay algo”; integrar una simple carpeta de investigación puede tardar meses, incluso años, la mayoría de las victimas desisten y no regresan al ministerio público, pues el proceso se vuelve interminable, agotador, frustrante y además incosteable, al parecer se olvidan que el acceso a la justicia es un derecho, no un privilegio.

En cuanto a la CNDH, la situación no es mejor, desde el momento en que una victima presenta su queja contando con todos los elementos, hasta que se emite la recomendación, puede tardar en promedio más de dos años, salvo cuando son asuntos de interés mediático, cuyo proceso puede disminuir a seis meses.

¿Es justo?

Aun contando con la recomendación, las victimas generalmente no saben que hacer con dicha recomendación, rara vez se les da seguimiento o acompañamiento, para que la CEAV cumpla con su obligación; peor aún, cuando las victimas ya cuentan con una recomendación y un reconocimiento de su calidad de víctimas, la CEAV demora meses o años en proveer una reparación integral del daño, esto incluso obliga a las victimas de b¡nueva cuenta a contratar abogados para promover amparos para acceder a sus derechos.

¿Las víctimas deben superar a sus agresores y a las instituciones que están creadas para proteger sus derechos?

Ahí están las instituciones encargadas de ejercer justicia y salvaguardar sus derechos humanos, sin embargo acceder a ellas no es senciillo, cuesta tiempo y mucho esfuerzo; superar esas trabas con afectaciones físicas y psicológicas derivadas del hecho victimizante es completamente heroico, aunque no imposible.

Como ejemplos en mi experiencia profesional menciono dos casos ya icónicos:

Mitzi Ramirez, fue víctima de violencia obstétrica en el Hospital General de Ginecoobstetricia de la Raza en mayo de 2018 por mala atención médica, por lo que la CNDH emitió el 30 de noviembre de 2018, la recomendación correspondiente.

A la fecha no se ha concluido con la integración de la carpeta de investigación debido en parte a que en tres ocasiones se cambio al ministerio público encargado de atender su caso, Mitzi y sus familiares cuentan desde hace meses con el reconocimiento de calidad de víctima, se encuentran registrados en el Registro Nacional de Victimas (RENAVI), sin embargo, a dos años del hecho, desconoce quienes fueron los responsables de la muerte de su hija, si estos tendrán algún castigo y no ha tenido ninguna reparación integral del daño, incluso se vio en la necesidad, ante la lentitud de actuación de la CEAV, de interponer un amparo en dias recientes.

El segundo caso es el de los 10 recién nacidos que perdieran la vida por contagio bacterial en junio de 2018 en el Hospital General de Morelos Jose G. Parres.

Los padres solo han tenido acceso a las medidas de ayuda inmediata por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Morelos; pese a existir un exhorto promovido por el Senado de la República a través de la Senadora Lucia Meza Guzmán, en la que solicita un informe al gobierno del estado y a la Secretaria de Salud de Morelos sobre lo acontecido y sobre las medidas de apoyo a las víctimas, la fiscalía especializada en delitos cometidos por servidores públicos aún no integra la carpeta de investigación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha emitido recomendación alguna y los familiares de los recién nacidos que perdieron la vida, no han tenido reparación integral del daño, una disculpa publica ni mucho menos se ha generado una garantía de no repetición. Lamentablemente no se vislumbra una pronta solución.

Existe el delito, existen los responsables, se perdieron vidas de recién nacidos pero no ha existido justicia ni se han deslindado responsabilidades, los padres continúan en pie de lucha por que no están dispuestos ni a olvidar ni a dejar que esto quede impune o vuelva a ocurrir como tantos casos que sabemos que existen sin embargo desconocemos porque las personas no saben como actuar, lo que no existe es la eficiencia, compromiso o voluntad por parte de los responsables de los organismos encargados de garantizar los derechos de las víctimas.

¿Todo esta perdido?

Me niego a pensar así, sigo creyendo en la justicia y en nuestro papel para darle voz y fuerza a quien no la tiene, sé que los retos son muchos y muy grandes pero no imposibles de superarse, en lo que concierne a la CEAV, la polémica renuncia de su titular en junio del 2019, Jaime Rochin de Rincón, entorpeció la actuación de la Comisión por más de seis meses, su actual titular, la Dra Mara Gómez Pérez ha tenido el reto de restructurar gran parte del organismo, espero que realmente logre un cambio trascendental que haga posible que la CEAV cumpla eficientemente con su objetivo y naturaleza; del mismo modo, es de esperarse que la nueva titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra quien se ha caracterizado por su labor como activista social por más de 40 años, realmente actúe con diligencia y compromiso recordando que, como dijo el presidente, Andrés Manuel Lopez Obrador, el poder tiene el único objetivo de servir a la gente, por que de lo contrario, en ambos casos, estaríamos ante un ejemplo más de “cambiar para seguir igual o peor”