El presidente de CONCOMERCIO lamentó la indiferencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pues datos oficiales tienen bien identificados los estados del país con los mayores incidentes de inseguridad, como el caso de Guanajuato que encabezada el listado nacional de homicidios, con 481 asesinatos en el primer bimestre del año, seguido por el Estado de México (con 418 casos); y Baja California (415 incidentes).
Sin embargo, el empresario lamentó que con todo y esa radiografía de datos que disponen las autoridades, lo cierto es que no se han emprendido acciones coordinadas e integrales para revertir este escenario, en donde los criminales utilizan a los comercios como canales de distribución y venta de distintos productos de contrabando, como lo son los cigarros ilegales para fondearse y comprar armamento.
“En diferentes partes de la República están presentes los comercios y hasta tiendas de conveniencia balaceadas e incendiadas como respuesta a la negativa de los comerciantes a someterse a vender productos ilegales; es un auténtico escenario de terrorismo, en donde ya existe gente que prefiere bajar la cortina de manera permanente y cambiar de actividad productiva, decisión que impacta emocional y económicamente a su familia y deja sin empleos a los trabajadores del negocio”, denunció el presidente de CONCOMERCIO y la Empresa Familiar.
De acuerdo con un estudio del instituto Oxford Economics, se estima que, en México, casi el 20% de los cigarros de tabaco que se comercializan en el país, son de origen ilegal.
El documento estima que la merma fiscal que representa la proliferación de los cigarros ilegales podría superar los 13 mil 500 millones de pesos al año.
Ante dicho escenario, Gerardo López, presidente de CONCOMERCIO, lanzó un enérgico llamado al gobierno federal, a los gobiernos estatales y autoridades municipales a dejar a un lado sus diferencias políticas y entablar una estrategia para enfrentar al crimen organizado, pues los ciudadanos y los negocios (particularmente los de menor tamaño), son las víctimas de la indiferencia de las autoridades.
“Sino se detiene la extorsión a negocios pequeños a manos del crimen organizado, puede provocar un colapso de salud y económico de tamaños titánicos para el país, pues habrá un cierre masivo de empresas, desempleo, desplome de ingresos públicos, suspensión de programas sociales, inseguridad, entre otras consecuencias; es claro, se necesitan acciones inmediatas; el proceso electoral 2024 no puede ser pretexto para no resolverlo”, aseguró el empresario.
