Por: Francisco Javier Hernández Salcedo, vicepresidente de SOCIOCRACIA A.C.

“Si no hay justicia para el pueblo que no haya paz para el gobierno” frase célebre de nuestro líder revolucionario Emiliano Zapata Salazar, que viene a nuestras mentes en esta fecha en la que celebramos nuestro 109 aniversario de la revolución mexicana, es innegable que nuestro país ha avanzado en la procuración de justicia y que existe una preocupación de nuestro actual gobierno en corregir el rumbo combatiendo la corrupción en los ministerios públicos y fiscalías, medidas sin duda de gran urgencia.

El pasado 14 de noviembre, la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, aseguró que el sistema de justicia de nuestro país “no está funcionando” argumentando que en México es “prácticamente nula” la posibilidad de que la persona que comete un crimen, sea sentenciada; en efecto, México encabeza la lista de países del continente americano con el más alto índice de impunidad lo cual incentiva a su vez, que no exista un impedimento para que los delincuentes continúen cometiendo toda clase de actos ilícitos, muchos de ellos graves, sin embargo, existe otra cara de la moneda, la realidad que enfrentan aquellos que son imputados a un delito y que se ven en la necesidad de acudir a los defensores públicos, a nadie beneficia que personas inocentes sean recluidas en los centros penitenciarios ante la falta de una defensa adecuada.

Pareciera que la justicia es el privilegio de aquellos que tienen el dinero suficiente para acceder a ella, así ha sido en el pasado y pese a los esfuerzos actuales de la 4 T continúa siendo la amarga realidad de los que menos tienen, pues la falta de recursos económicos impide que una gran parte de la población acuda a abogados o despachos privados para recibir asesoría o atención jurídica, provocando que las y los defensores públicos se encuentren rebasados e imposibilitados para cumplir con la enorme demanda y poder así, garantizar el respeto a los Derechos Humanos de acceso a la justicia y de defensa adecuada.

A nadie extraña que los defensores públicos no tengan el tiempo necesario para acudir a todas las audiencias, ya no digamos para analizar cada caso y tomar las mejores decisiones para sus representados.

De acuerdo a los datos oficiales:

• Hay un total de 4,395 profesionistas adscritos a las entidades federativas para brindar atención, de los cuales 4,141 son defensores públicos y 254 asesores jurídicos.
• Aunado a lo anterior, hay 982 profesionistas adscritos al Instituto Federal de la Defensoría Pública.
• Hay un defensor y/o asesor público por cada 27,197 personas en el fuero federal.
• Hay un defensor y/o asesor público por cada 28,865 personas en el fuero local.
• Hay un asistente jurídico local por cada 470,593 habitantes.
• Cada año se atienden en promedio 417,654 asuntos, 362,805 en defensoría publica y 54,849 en asesoría jurídica.
• Cada profesional del derecho atiende 95 asuntos en promedio al año.
• Desglosando entre defensores públicos y asesores jurídicos, a cada defensor le tocaría en promedio atender 88 asuntos anuales aproximadamente, y a cada asesor 216 asuntos aproximadamente.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018 y del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2018. Los datos son al 26 de octubre del 2018 Se toma en cuenta el resultado del Censo General de Población realizado por el INEGI en 2015.

Como se puede observar, la infraestructura en materia de Defensoría Pública en México es más que insuficiente, pues es humanamente imposible para un profesional brindar atención jurídica de calidad, pronta y eficiente a cada asunto;  según datos revelados en el Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en su anexo estadístico, del total de internos actuales, 123 mil 921 son reos con sentencia, y 76 mil 832 son personas bajo un proceso penal que aún no ha concluido. Lo anterior significa que, en promedio, 1 de cada 3 internos en México son “presuntos culpables”, es decir, personas cuya culpabilidad aún no se ha demostrado y siguen sin sentencia.

Con lo anterior no es mi intención asegurar que todas las personas en situación de reclusión en México son inocentes, pues es sabido que la justicia penal en México es flagra dependiente, y que existe un gran porcentaje de condenas debido a la situación de flagrancia , sin embargo es evidente que el “derecho al acceso a la justicia” no esta garantizado ni mucho menos, todos tenemos derecho a una defensa adecuada; el Artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) señala que:

“…El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”; por su parte, La Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas sentencias ha fijado el criterio consistente en que para hacer efectivo el derecho a una adecuada defensa, las personas que estén sujetas a un procedimiento penal deben ser asistidas por un abogado, ya sea de oficio o particular, desde el momento en que sean presentadas a un Ministerio Público y durante el desarrollo de todo el juicio –que comprende, incluso, el recurso de segunda instancia y la etapa de ejecución de sentencia.

De tal modo que el contar con la asesoría de un abogado o defensor es esencial para que podamos hacerle frente a la actuación punitiva del Estado. En primer lugar, debido a que nos permite ejercer los derechos que nos corresponden durante un juicio penal, entre los que se encuentran el no ser sometidos a detenciones arbitrarias, a no ser incomunicados, a ser informados de las razones de la detención, a no ser torturados, a guardar silencio, etc. y, en segundo lugar, porque nos da la oportunidad de oponer los recursos, diligencias y promociones indispensables para defendernos legalmente.

¿Qué se puede hacer para enmendar el camino?

Desde luego no basta solo con incrementar el presupuesto y contratar mas abogados con diferentes especialidades, si no de dotar de total autonomía e independencia al Instituto Nacional de la Defensoría Pública comenzando desde la designación de su titular del mismo modo que se lleva a cabo la selección para el Fiscal General de la República, así mismo se podría considerar la subcontratación de despachos jurídicos o barras estatales de abogados mediante igualas económicas o bien considerar la posibilidad de abrir plazas de servicio social a pasantes de la carrera de derecho supervisados por un abogado titular.

Se pueden considerar diversas propuestas ya existentes, lo que no se puede ni se debe hacer, es ignorar la problemática y continuar con la política actual que solo continúa agravando la desigualdad en el acceso a la justicia y al derecho de una defensa adecuada.