La titular de la dependencia capitalina, Patricia Ruiz Anchondo reveló que detectaron una serie de irregularidades como la falta de unidades y 80 equipos de cómputo valuados en millones de pesos

En la Procuraduría Social (Prosoc) de la Ciudad de México desaparecieron 12 autos oficiales y 80 equipos de cómputo de la dependencia locaL
Así lo reveló su titular, Patricia Ruiz Anchondo, quien prevé que las autoridades correspondientes inicien próximamente las indagatorias sobre este caso.

En entrevista con el programa War Room, la funcionaria detalló que durante las primeras semanas de gestión detectaron una serie de inconsistencias.
De las más graves es la falta del parque vehícular, así como de una nómina “obesa”.

“La Prosoc tiene un gran desorden administrativo, no me atrevería a hablar de corrupción; sin embargo, ¿cómo es posible que a una institución se le pierdan este tipo de parque vehicular de todo tipo? Desde una camioneta de tres y media toneladas hasta un Tsuru. Yo por eso voy a ordenar unas auditorías, porque luego se presta a que estamos siendo sensacionalistas”, admitió.

Respecto a los despidos a la plantilla laboral, reconoció que sólo se recortó a personal de confianza, incluso justificó que se realizaron diversas evaluaciones para ver si continuaban, pero los resultados arrojaron una calificación muy baja sobre su desempeño laboral.

“Se recortó a un 30% (de los trabajadores) según los acuerdos de austeridad, yo no llegué con las tijeras a cortar cabezas, nosotros entramos a valorar cómo estaban trabajando y la verdad es que tenían un desempeño muy bajo, por eso se tomó esa decisión”, expresó.

En riesgo, 90% de
los condominios

Edificios agrietados, o a punto del colapso, así como fallas en la estructura de muros, son parte de las características que presentan la mayoría de las unidades habitacionales de la Ciudad de México

Solo en la capital existen siete mil centros de vivienda con estas características en las que viven más de tres millones de personas y las cuales carecen de información precisa sobre el estado en que se encuentran las estructuras y el tipo de convivencia social que hay entre ellos.

De esta cifra, 90% de los condominios enfrenta falta de mantenimiento, papeles falsos, problemas graves de mantenimiento e incluso los mismos no cuentan con administradores internos registrados ante la Prosoc.

Ruiz Anchondo reveló que la falta de reglas claras en estos espacios de convivencia generó un tipo de anarquía entre los vecinos, lo cual propicia en enfrentamientos vecinales y problemas legales.

Y es que vivir en un edificio y no cumplir con las reglas de convivencia establecidas puede ser causante de una queja vecinal o hasta un procedimiento administrativo ante la Prosoc.

Uno de los rasgos más comunes del llamado mal vecino es que no entiende bien la idea de comunidad.

La mayor parte del tiempo piensa en su propio bienestar y desconoce las expectativas y necesidades del resto.

A lo anterior se le suma un diagnóstico de emergencia: 9 de cada 10 unidades habitacionales presentan grietas y problemas estructurales de alto riesgo.

Además, las quejas y denuncias entre los vecinos es una constante donde se ignora deliberadamente las reglas de una buena convivencia.

Por si fuera poco, el ruido es otro de los problemas que enfrentan estos lugares, pues en la mayoría de las ocasiones se rebasan los decibeles permitidos a causa de la música, festejos e incluso discusiones de día y noche originados por los propios habitantes de estos condominios.

Al infrigir estas reglas, el vecino puede ser sancionado según la ley.

Entre las causas de penalización que contempla la normatividad se encuentra destinar los departamentos a un uso distinto al establecido en la escritura constitutiva; realizar actos que afecten la tranquilidad de los demás condóminos o poseedores; derribar, trasplantar o talar árboles y arbustos que modifiquen el uso de las áreas verdes; efectuar actos que impidan la operación de los servicios comunes; hacer reparaciones en horario nocturno; realizar obras que modifiquen las fachadas exteriores y ocupar un cajón de estacionamiento distinto al asignado, entre otros.

Por ejemplo, las sanciones por afectar la tranquilidad de la vida condominal y por incumplimiento en el pago oportuno de las cuotas ordinarias y extraordinarias van de los 10 a los 100 días de salario mínimo vigente, lo que equivale a una pena económica que va de los 598 a los cinco mil 982 pesos.
En tanto, las multas por afectación al estado físico del inmueble, sin poner en riesgo la seguridad de los demás inquilinos, serán de 50 a 200 días de salario mínimo, es decir, de 2 mil 991 a 11 mil 964 pesos.

Van por auditoría

La titular de La Prosoc aseguró que iniciará una serie de indagatorias para investigar la desaparición de estas unidades.
• De acuerdo con los primeros reportes, faltan equipos de cómputo electrónico, tabletas y otras cosas.
• Se recortó 30% de la plantilla laboral de la Procuraduría Social de la Ciudad de México.
• Patricia Ruiz Anchondo sostuvo que se evaluaron a decenas de trabajadores para ver si continuaban en la dependencia capitalina, no obstante, no pasaron la prueba por lo que fueron despedidos.